La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aspira a avanzar este miércoles en el debate de proyectos que buscan impedir que acusados de delitos de lesa humanidad puedan ejercer cargos públicos y evitar que se repita la situación generada con el ex subcomisario Luis Patti.
Los proyectos corresponden a Victoria Donda de Movimientos Libres del Sur, Silvana Giúdici, radical y de Miguel Bonasso, diputado por Diálogo por Buenos Aires.
La comisión que preside Graciela Camaño se reunirá el miércoles por la mañana para avanzar en un conjunto de proyectos que proponen modificar la ley de partidos políticos y que buscan la inhabilitación "absoluta y perpetua" para ser candidatos y ocupar cargos públicos a acusados por delitos de lesa humanidad.
La intención de avanzar en ese sentido ya había sido anticipada por el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, semanas atrás en el marco de la sesión en la que la cámara baja se aprestaba a quitarle los fueros a Patti.
Con estas normas, el oficialismo aspira a generar el marco legal para impedir que se repitan situaciones como la planteada con Patti y evitar, de esa manera, que personas acusadas de violaciones de derechos humanos puedan ser candidatos, integrar listas o bien ocupar cargos públicos. En el caso del proyecto de Bonasso, la inhabilidad "perpetua y absoluta" alcanza también a toda persona que hubiere participado en "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático", aún cuando se encuentre amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La iniciativa impulsada por Donda, hija de desaparecidos y primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en acceder a una banca en el Congreso, propone modificar la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, a la ley orgánica de Partidos Políticos y al Código Electoral. Impide, el acceso a cargos públicos "a condenados como autores, partícipes, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas u homicidio" y a quiénes "hayan usurpado cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983".
El proyecto impulsado por Giúdici propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública a quiénes hayan cumplido condena judicial o hayan sido indultadas por genocidio, desaparición forzada, homicidios, privación ilegítima de la libertad, supresión o falsificación de identidad.
