Sra. Giudici.- Señor presidente: adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto en consideración, por el que se ratifica el convenio firmado entre el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quiero recordar que el predio donde se encuentra hoy el edificio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada fue cedido por el entonces Concejo Deliberante, es decir, por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de la Marina ‑por un decreto del año 1924‑ al solo efecto de que fuera utilizado como centro de instrucción militar.
No pretendemos abundar en hechos dolorosos, pero al tratar en este recinto la ratificación del citado convenio debemos hacer alguna mención a lo que significó aquel siniestro lugar en la historia argentina. Basta recordar aquí un párrafo del informe Nunca Más, que dice que la ESMA no sólo era un centro clandestino de detención donde se aplicaban tormentos sino que funcionaba como el eje operativo de una compleja organización, que incluso posiblemente pretendió ocultar con el exterminio de sus víctimas los delitos que allí se cometían.
También queremos decir que en la historia de estos veinticinco años transcurridos desde la recuperación de la democracia han pasado hechos tendientes a dar a las víctimas del terrorismo de Estado la verdad y la justicia que se merecen.
Pero con respecto a la ESMA queremos recordar que el 6 de enero de 1998, durante la segunda presidencia del doctor Carlos Menem, se firmó un decreto que disponía el traslado de la institución a la Base Naval Puerto Belgrano y la demolición de sus instalaciones como símbolo de la unión nacional, según se decía en aquel momento en el gobierno de Menem. Nos parece que esto también debemos recordarlo porque si esa demolición se hubiese concretado se habrían perdido los testimonios que hoy hablan por sí mismos y que son necesarios para la reconstrucción judicial de cada uno de los casos donde se investigan las torturas allí cometidas.
Entonces, la construcción en la ESMA de un espacio para la memoria y además el hecho de hacerlo en un esquema de jurisdicción compartida entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad –que integra en el Consejo Asesor a los organismos de derechos humanos- nos parece que es algo en lo que nos deberíamos detener y no pasar la ratificación de este decreto como si fuese simplemente un trámite.
Pero además permítanme recordar que aquel 24 de marzo de 2004, en el acto donde el presidente Kirchner anunciaba el acuerdo con el gobierno de la ciudad para la instalación de un espacio para la memoria y la preservación de las instalaciones de la ESMA, también se cometía una injusticia, que luego fue subsanada. Ese mismo día el ex presidente Néstor Kirchner llamó al doctor Alfonsín para pedirle disculpas. Me refiero a que en el discurso de aquel día el presidente Kirchner señalaba que pedía perdón porque en 20 años de democracia no se había hecho nada por los derechos humanos.
Aquellas disculpas del presidente Néstor Kirchner fueron aceptadas por el doctor Alfonsín, pero lo traigo a colación en este momento porque me parece que desde esta bancada cada vez que podemos fijamos la necesidad y la importancia de trabajar incansablemente por esclarecer los crímenes de la dictadura y que en la Argentina reinen la verdad y la justicia. Para eso debemos hacer un esfuerzo, tanto el gobierno nacional como este Parlamento y también el Poder Judicial para que no quede impune ningún crimen y para que la justicia sea impartida verdaderamente a tiempo en la Argentina.
Por lo tanto expresamos el apoyo a la aprobación del convenio y pedimos que avancemos también como lo estamos haciendo en distintas normas que deben sancionarse desde este Parlamento para que la Justicia pueda realizar sus investigaciones en el marco correspondiente y que también alguno de los programas que se han implementado desde el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el programa de protección a testigos, funcionen efectivamente para que nunca más tengamos que recordar un crimen de lesa humanidad, y tampoco tengamos -como todavía tenemos, sin esclarecer- desapariciones ocurridas en democracia, como los casos de Julio López y de Puthod.
Por eso hago un llamamiento a todos los bloques para que sigamos trabajando en la consolidación de estas políticas de derechos humanos, sin egoísmos, sin apropiaciones, porque las políticas de derechos humanos no tienen bandería política.
Entre todos debemos encontrar la manera para que esto sea efectivo y lo más rápido posible en la Argentina.
