Debate por la basura de la Ciudad
El miércoles pasado se desarrollo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña una audiencia pública dónde se trató el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cual se propicia autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana local por un plazo de 10 años.
En la asamblea participaron más de 100 oradores de distintas organizaciones no gubernamentales, ex funcionarios, trabajadores, cartoneros y vecinos.
La apertura de la misma estuvo a cargo del Vicepresidente Primero de la Legislatura , diputado Diego Santilli, junto a otros diputados de la ciudad.
Algunos de los expositores fueron, el diputado de la Ciudad Pablo Failde (FPV); la presidenta del Instituto Nacional Contra La Discriminación , la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino; el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad , Atilio Alimena; y la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Silvana Giudici (UCR Capital).
Esta audiencia es la culminación de un proceso de casi un mes, tras la cual el oficialismo anunció que hará algunos cambios en el proyecto original, para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar los nuevos pliegos.
Luego de finalizada la audiencia, desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se dijo a la prensa que van a hacer cambios pedidos por los concurrentes y van a proponer un sistema mixto, distinto al proyecto original que proponía que todo el sistema fuera por toneladas. “Para el barrido y la limpieza se usará el criterio de área limpia, pero la recolección se pagará por tonelada levantada", consignó el diario Clarín.
Intervención de la Diputada Giudici
Este fue uno de los puntos que objetó la diputada Giudici, quien en representación de la UCR porteña señaló que "es un error volver al sistema de tonelaje" y dijo que en el pliego no está claramente definido quién va a controlar el funcionamiento del servicio. Subrayó que “el sistema de área limpia no falló, lo que fracasó fue el sistema de control” y se opuso a los 10 años de concesión proponiendo que sean 5.
También consideró que "el Estado tiene la obligación de definir un plan estratégico de manejo y disposición final de residuos" y que es hora de "discutir políticas de concientización sobre el reciclado y reducción domiciliaria", y agregó que debe haber incentivos y castigos a empresas que son grandes generadoras de residuos.
“Las cosas no empiezan cuando uno llega, Macri debe comprender que este tema merece tratarse como Política de Estado. No es simplemente la renovación de un contrato comercial”, finalizó la diputada Giudici.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), se mostró preocupada por la informalidad en la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
María Eugenia Testa, de Greenpeace, presentó otros argumentos en contra del proyecto en discusión cuando subrayó que “no incluye la disposición inicial y la recolección diferenciada, dos requisitos sin los cuales, la Ciudad no podrá avanzar hacia la implementación de la ley 1854 (Basura Cero)”. Además destacó que “ la Ciudad es uno de los principales contaminadores de la provincia de Buenos Aires y esta Legislatura será responsable si vota este proyecto”.
El miércoles pasado se desarrollo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña una audiencia pública dónde se trató el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cual se propicia autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana local por un plazo de 10 años.
En la asamblea participaron más de 100 oradores de distintas organizaciones no gubernamentales, ex funcionarios, trabajadores, cartoneros y vecinos.
La apertura de la misma estuvo a cargo del Vicepresidente Primero de la Legislatura , diputado Diego Santilli, junto a otros diputados de la ciudad.
Algunos de los expositores fueron, el diputado de la Ciudad Pablo Failde (FPV); la presidenta del Instituto Nacional Contra La Discriminación , la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino; el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad , Atilio Alimena; y la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Silvana Giudici (UCR Capital).
Esta audiencia es la culminación de un proceso de casi un mes, tras la cual el oficialismo anunció que hará algunos cambios en el proyecto original, para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar los nuevos pliegos.
Luego de finalizada la audiencia, desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se dijo a la prensa que van a hacer cambios pedidos por los concurrentes y van a proponer un sistema mixto, distinto al proyecto original que proponía que todo el sistema fuera por toneladas. “Para el barrido y la limpieza se usará el criterio de área limpia, pero la recolección se pagará por tonelada levantada", consignó el diario Clarín.
Intervención de la Diputada Giudici
Este fue uno de los puntos que objetó la diputada Giudici, quien en representación de la UCR porteña señaló que "es un error volver al sistema de tonelaje" y dijo que en el pliego no está claramente definido quién va a controlar el funcionamiento del servicio. Subrayó que “el sistema de área limpia no falló, lo que fracasó fue el sistema de control” y se opuso a los 10 años de concesión proponiendo que sean 5.
También consideró que "el Estado tiene la obligación de definir un plan estratégico de manejo y disposición final de residuos" y que es hora de "discutir políticas de concientización sobre el reciclado y reducción domiciliaria", y agregó que debe haber incentivos y castigos a empresas que son grandes generadoras de residuos.
“Las cosas no empiezan cuando uno llega, Macri debe comprender que este tema merece tratarse como Política de Estado. No es simplemente la renovación de un contrato comercial”, finalizó la diputada Giudici.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), se mostró preocupada por la informalidad en la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
María Eugenia Testa, de Greenpeace, presentó otros argumentos en contra del proyecto en discusión cuando subrayó que “no incluye la disposición inicial y la recolección diferenciada, dos requisitos sin los cuales, la Ciudad no podrá avanzar hacia la implementación de la ley 1854 (Basura Cero)”. Además destacó que “ la Ciudad es uno de los principales contaminadores de la provincia de Buenos Aires y esta Legislatura será responsable si vota este proyecto”.
