En el 2008 el balance del respeto a los derechos humanos en la Argentina no ha sido favorable. El año ha concluido con dos hechos negativos. Por un lado con el fallo del tribunal de Casación que ordenó la liberación de ex miembros de la Armada responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Por el otro, el crimen político a mansalva del intendente de Vera, provincia de Santa Fe, Raúl Seco Encina, de la UCR, perpetrado por su derrotado rival justicialista en la última elección. Como lo señaló la prensa nacional este asesinato “no puede tomarse como un simple caso policial” y, por el contrario debe analizarse dentro del clima de intolerancia hacia quienes piensan distinto, que han impuesto el actual y el precedente gobierno.
En el caso de los represores torturadores y asesinos, la libertad se decretó por haberse vencido con exceso el plazo legal de tres años para mantener las prisiones preventivas. Al analizar la resolución judicial dictada por dos jueces subrogantes, con un voto en disidencia, no se puede obviar que la responsabilidad de dictar una ley que permitiese agilizar los trámites era del poder legislativo, cuya mayoría en ambas cámaras es del partido gobernante. Esta mayoría se negó a tratar un proyecto de la oposición radical en el Senado para acelerar las causas. Como lo señaló el miembro de la Corte Suprema Carlos Fayt, las excarcelaciones no son culpa de la justicia sino del Congreso. No tiene, entonces justificativo que las autoridades culpen a los jueces y que para justificar su omisión anuncien que iniciarán juicio político a quienes votaron la libertad con lo que lesionan también la independencia del poder judicial. Esta independencia, desde la reforma del Consejo de la Magistratura promovida por el oficialismo, carece, además, de las garantías que originaron su creación. La justicia condenó a 36 represores en el presente año en siete juicios orales, entre ellos, casos de reclusión perpetua, como los de Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, sobre un total de 533 procesos en trámite.
El derecho que tienen todos los individuos a la libertad y a la seguridad es una responsabilidad del Estado. En la Argentina la inseguridad aumenta día a día, lo que conduce cada vez en mayor grado a la pérdida del derecho a la vida, que es el derecho humano del que depende poder gozar de los otros. La libertad de expresión ha sido frecuentemente vulnerada. Tal el caso, por ejemplo, de cuando por medios violentos no se permitió que el diputado Felipe_Solá, pronunciara una conferencia en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, hecho que ocurrió después de su voto negativo a la Resolución 125. La libertad de prensa es prácticamente inexistente en la mayoría de las provincias en las que los medios dependen para su subsistencia de la publicidad oficial.
La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son prácticas comunes en las prisiones del país. En el caso concreto de la cárcel nacional de Rawson, Chubut, el defensor del pueblo Eduardo Mondino denunció graves violaciones a los derechos humanos a través de “la escasa alimentación, tardía atención médica, golpizas en las requisas, aislamientos e incomunicaciones” y vejámenes a los familiares durante las visitas, incluso a los menores de edad. También hizo público que el Servicio Penitenciario Federal había obstaculizado las inspecciones de los funcionarios que el había comisionado.
Aún dentro del partido gobernante ha merecido críticas que quien como Aldo Rico, con su actitud golpista, no respetó el derecho humano que garantiza “la libre expresión de la voluntad de los electores” (artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) integre ahora la lista de candidatos de ese partido haciendo gala, además, de su reivindicación actual al uso de la fuerza contra las autoridades legítimas que él empleó en el levantamiento de Campo de Mayo.
Tampoco ha sido respetado el derecho a la libre circulación que se ha vulnerado en los cortes de los puentes hacia el Uruguay, en algunos casos durante el conflicto agropecuario y en numerosos reclamos gremiales, causando perjuicio a amplios sectores sociales. La intolerancia oficial es una fuente de discriminación por opiniones políticas o de cualquier otra índole, como ocurre todavía contra los sectores rurales que lucharon por su supervivencia y combatieron la resolución 125, a los que el gobierno les niega hasta el derecho al diálogo. La libertad sindical no ha sido respetada al obligar compulsivamente a trabajadores a afiliarse a sindicatos que no son los de su elección.
No solo se han violado los derechos civiles y políticos mencionados sino que los derechos Económicos, Sociales y Culturales garantizados por el Pacto Internacional que los proclama y por otros tratados que tienen también jerarquía constitucional, se oponen a la desocupación, a los salarios no equitativos, al tener un nivel de vida adecuado, al trabajo infantil, al hambre, y otras situaciones graves en la Argentina a las que se pretende ocultar con falsas estadísticas del INDEC.
La Señora Presidenta ha anunciado un próximo viaje a Cuba, lo que se inscribe en el concepto de afianzar la hermandad y unidad latinoamericana. Es de esperar que esa visita tenga como consecuencia que las autoridades de ese país hagan lugar a los reclamos del anterior presidente y de nuestra cancillería y terminen con el secuestro de la doctora Hilda Molina y le permitan viajar a nuestro país a visitar a su hijo, nuera y nietos argentinos, sin perjuicio de interesarse por los demás presos políticos de esa nación hermana.
Las críticas precedentes son las que han roto el equilibrio en materia de derechos humanos frente a los hechos positivos que han tenido lugar en el año 2008.
