CríticaDigital.com.ar - El sueño de libertad de los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y de otros 19 represores duró menos de un día. Tras la apelación del fiscal, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió suspender la resolución que había adoptado el miércoles. Y en medio de la polémica por la excarcelación, ahora frustrada, el Gobierno anunció que promoverá el juicio político contra los magistrados. Esa decisión fue cuestionada por organismos de defensa de derechos humanos, juristas y dirigentes opositores, quienes responsabilizaron al Poder Ejecutivo de frenar una reforma judicial que permita acelerar las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad.
Ajenos a los elásticos plazos de la justicia penal, los camaristas Guillermo Yacobucci y Luis María García, que habían firmado la liberación, y Gustavo Mitchell, que había votado en disidencia, aceptaron ayer en pocas horas el planteo del fiscal Raúl Plée. Los jueces suspendieron la liberación de los represores hasta que la Corte Suprema resuelva el pedido del Ministerio Público Fiscal.
La medida no impidió que el Gobierno avanzara con su jugada. A media mañana, el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, anunció que solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político de Yacobucci y García, y contra los jueces del Tribunal Oral Nº 5, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, por "mal desempeño de sus funciones". En este caso, los responsabilizan por no haber ejercido su facultad de control sobre los juicios orales de la megacausa ESMA.
El fallo, la retracción de la medida y la reacción del Gobierno elevaron la temperatura del debate. El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt dijo que la culpa por la excarcelación no es de la Justicia sino del Congreso, "que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados" (ver aparte). El jefe de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, le respondió: "Este año el Congreso dio sanción a cinco proyectos para agilizar la totalidad de los juicios penales". El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, subió el tono: "Es de las peores actitudes conservadoras que puede tener el Poder Judicial".
La oposición reaccionó al unísono. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que "los Kirchner no hicieron nada para modificar las leyes que permitieron liberar a los represores". Recordó que en mayo de 2007 la UCR presentó un proyecto de los juristas Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alesio para acelerar el procedimiento penal para los crímenes de lesa humanidad. "Cristina Kirchner era senadora y contaba con una abrumadora mayoría parlamentaria, y pese a ello no apoyó esa iniciativa", insistió Carrió.
"Porque lleva la firma de la UCR, la soberbia kirchnerista no quiso nunca debatir este proyecto. Hoy lo estamos lamentando", dijo el presidente del radicalismo, el senador Gerardo Morales.
Gil Lavedra defendió el fallo que pretendió la excarcelación de los represores. "Respeta el principio de que toda persona tiene derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable. El problema está en el plazo de la instrucción", sostuvo, y cuestionó el anuncio del pedido de juicio político contra los camaristas. "Me parece un dislate. Los jueces no pueden ser perseguidos por el contenido de sus sentencias", agregó.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmaron que el fallo del jueves "es correcto" y se mostraron en desacuerdo con el pedido de juicio político. "La respuesta debería ser la reforma integral del proceso penal para los delitos complejos", sostuvo la abogada Carolina Varsky.
