“Es un intento desesperado por conseguir a cualquier costo un voto para seguir preservando el proyecto de poder”, enfatizó el titular de la UCR, Gerardo Morales, sobre los alcances del pre-proyecto de ley de radiodifusión que el Poder Ejecutivo impulsa.
Morales recordó que “cuando la Presidente hizo su discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, adelantamos nuestra oposición a las estrategias de conseguir perpetrarse en el poder del kirchnerismo”. “Lo vamos confirmando –aseguró- en sus intentos de cambio de las reglas de juego, con la modificación del cronograma electoral, las candidaturas testimoniales y, también, con la intención de controlar a los medios de comunicación.”
“Sin lugar a dudas, no estamos frente al mejor gobierno para que se den las garantías de debate de un proyecto que el país debe debatir, porque es fundamental y está en la base del sistema democrático”, agregó el senador nacional respecto de la forma de tratamiento elegido por el gobierno de la iniciativa de radiodifusión.
El líder radical explicó que “hay aspectos centrales que confirman nuestra presunción política de que junto a los superpoderes y las presiones a los jueces, ahora controlando a todos los medios, el gobierno se garantiza la supervivencia del modelo autoritario de poder”.
“Si las telefónicas van a ser prestatarias –ejemplificó Morales- debe estudiarse a fondo el marco de la privatización, los compromisos generados por el Estado desde 2001, la desregulación total del sistema, entre otros puntos centrales.” “Es decir, el debate incluye muchas otras leyes”, añadió sobre la necesidad de que el Congreso “debe tener un lugar central en la discusión con audiencias públicas, en las comisiones de ambas Cámaras y con el registro correspondiente de las posiciones de cada Partido”.
Reclamó, además, Morales la necesidad de que se incluya el tratamiento de las leyes de información pública para que “se obligue a los funcionarios a que informen sobre sus actos” y de regulación de los gastos de publicidad oficial.
Por su parte, la titular de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Silvana Giudici, aseguró que “es lamentable que la iniciativa del gobierno no incorpora en ninguno de sus artículo el punto 3 del acuerdo de los 21 puntos por la libertad de expresión” que se refiere a la regulación de la publicad oficial.
“Hoy la distribución de publicidad es arbitraria y escandalosa. Ha crecido más de 9 veces. Por eso exigimos que se debata la regulación del gasto público en propaganda”, enfatizó la diputada porteña.
Además, Giudidi calificó al proyecto como “altamente intervencionista”. Explicó que “la medida más extrema que se incluye prevé que cuando se produce la caducidad de la licencia de un medio, ésta pasa a manos del Comfer, quien la administrará obligando al propietario a no disponer de su patrimonio ya que el mismo quedará en manos del Estado. Lo que es gravísimo”.
El jefe de los equipos técnicos, Ricardo Gil Lavedra, destacó que para el radicalismo “la libertad de expresión tiene una mayor dimensión por ser consustancial a cualquier régimen democrático”, al explicar las conclusiones arribadas por los más de 100 participantes en el taller “Agenda ampliada sobre libertad de expresión”, organizad por el Instituto Radical de Política Públicas.
“En 25 años de democracia hemos adelantado mucho en libertad de expresión. Sin embargo, lo que resta aun es importantísimo”, dijo el ex ministro, quien agregó que “la piedra fundamental es el control del poder, con la participación ciudadana. Es decir, la ley de información publica que fue frenada en el Senado por la actual Presidente cuando era senadora lo que ha significado un fenomenal retroceso en términos democráticos”. “La información no es del funcionario sino del pueblo”, resaltó.
Además de la regulación de la propaganda oficial, Gil Lavedra señaló la necesidad de “restringir el uso del delito de calumnias e injurias, dejando la responsabilidad civil, pero no penal, medida ratificada por la Corte Interamericana que exige que la Argentina incorpore una norma que no limite el trabajo periodístico”.
